LyD: Chile se encuentra entre los países OCDE que cobra la menor comisión de operación en sistemas de pensiones

Este miércoles la reforma de pensiones vive una jornada clave. La iniciativa, que debe conseguir el quórum calificado -78 votos de las y los diputados en ejercicio- para continuar su tramitación en el Senado, propone la creación de un Administrador Previsional.

Algunos de los cambios a la industria que plantea el Ejecutivo -y que hoy corren el riesgo de no conseguir los votos necesarios- tendrían el objetivo de bajar comisiones.

¿Pero cuánto se paga por comisiones de operación? Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) afirma que "Chile es uno de los países de la OCDE que cobra la menor comisión de operación, la que se ubica en torno al 0,5% del total de activos". 

El centro de estudios señaló que además, en otros informes, como Global Pensions Transparency Benchmark, sitúan a Chile en el cuarto lugar en gestión de costos administrativos de sistemas de pensiones a nivel global,  por sobre Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.

La propuesta

En la reforma de pensiones se propone la separación de funciones de la industria. El Gobierno plantea crear un Administrador Previsional que se encargue de las tareas de administración y soporte de las cuentas de los afiliados.

Para ello, el Ejecutivo apunta a que se realice vía un mecanismo de licitación, similar al modelo del Administrador de Fondos de Cesantía (AFC). 

Sin embargo, la economista de LyD, Ingrid Jones, cuestiona que “la comparación no es correcta, porque las tareas que tendrá que hacer el administrador previsional y la AFC no son comparables en volumen ni en característica”. 

Y agregó a DF que “la licitación de la administración de los fondos de cesantía ha generado una nula competencia. La AFC Chile se ha adjudicado cada una de las licitaciones y sólo la primera licitación fue competitiva (2002), pues se presentaron tres instituciones. En las siguientes licitaciones, de 2012 y 2022, la AFC ha sido el único participante, lo que refleja la nula competencia que ha generado este proceso”.

Jones advirtió que “la nueva institucionalidad representa un riesgo de estatización de los fondos de pensiones, que concentraría en el Estado al menos el equivalente al 36% del PIB. Más allá de los daños que esto trae al mercado de capitales, la mayor amenaza es la captura política de los fondos”.